En medio de la crisis existencial del euro, Berlín, Fráncfort y Bruselas se sacaron de la manga un plan para arreglar las cosas sin que Alemania tuviera que comulgar con los llamados eurobonos. Idearon un esquema sencillo, a la vez contundente y elegante, para evitar la dichosa mutualización de la deuda pública —una suerte de anatema más allá del Rin— y conseguir el más difícil todavía que parecía entonces mantener el euro intacto. A corto plazo, contundencia: el BCE diseñó un programa de compra de deuda pública que ha funcionado a modo de botón nuclear disuasorio, sin gastar un solo euro. A la larga, elegancia: el proyecto estrella era y es la unión bancaria —“el reto más ambicioso de la UE desde el euro”, según repite hasta el último funcionario de Bruselas— con el objetivo declarado de romper el bucle diabólico entre los bonos soberanos y la deuda bancaria. Y con la aspiración última de crear un genuino sistema financiero europeo, más allá del actual matrimonio en régimen de separación de bienes, en el que incluso los grandes bancos, que son europeos en vida, se transforman en nacionales tan pronto como enferman y son capaces de llevarse por delante las cuentas públicas.
El plan ha funcionado de maravilla por el lado de Fráncfort. El BCE ha conseguido domesticar la crisis: Europa malvive con un largo estancamiento en el horizonte, pero a la vez con la confianza que rezuma el mantra de moda: lo peor ya ha pasado. La unión bancaria también está en marcha, aunque sus consecuencias están aún en el aire: apenas ha dado sus primeros pasos. Es un proyecto a 10 años vista de sensacionales consecuencias financieras, económicas, incluso políticas. Su arquitectura, que solo ahora empieza a esbozarse, será uno de los grandes debates de los próximos días, pero la discusión se extenderá durante meses. “Es obviamente una idea inacabada, como lo es toda la Unión Monetaria desde sus inicios; le faltan componentes imprescindibles, y aun así ya generar más estabilidad de la que existía”, resume Nicolas Véron, del think tank Bruegel.
Los primeros pasos del proyecto permiten extraer un puñado de apresuradas conclusiones. Uno: no tendrá el nivel de ambición que se le suponía al principio, porque al cabo Europa solo avanza de veras en plena crisis; dice un exembajador norteamericano que para el resto del tiempo solo cabe esperar una mezcla de indecisión, dilación y medias tintas. Dos: ha demostrado ser falsa la creencia ingenua de que el mero enunciado de las virtudes de la unión bancaria iba a acabar con la fragmentación financiera; la crisis ha provocado una renacionalización de la banca, que lleva asociada un par de virus peligrosísimos (los bancos invierten cada vez más en deuda pública de sus países de origen, y las pymes de Italia y España pagan más o menos el doble de intereses por sus créditos que las alemanas y las austriacas); eso no va a desaparecer por mucho que el proyecto se publicite con la acostumbrada fanfarria. Y tres: a pesar de los pesares, los primeros pasos parecen ir, tímidamente, en la dirección correcta. La unión bancaria no llegará para lidiar con esta crisis, pero el proyecto despega con la mirada puesta en que la Gran Recesión no se repita. Al menos para que El Roto no vuelva a dibujar aquella viñeta de pesadilla: “Tuvimos que asustar a la población para tranquilizar a los mercados”.
La banca es el corazón del capitalismo. Por eso es tan paradójico que el momento más grave de la Gran Recesión siga siendo la quiebra de Lehman: en la única circunstancia en que el sistema aplicó su regla de oro —que cada palo aguante su vela— las cosas se pusieron tan feas que nadie más se atrevió a hacer nada parecido. A partir de ahí Reino Unido rescató a sus grandes bancos, y Bélgica y Holanda a los suyos. Alemania salvó a entidades grandes, medianas y pequeñas, y por supuesto también Irlanda, cuyo agujero bancario se llevó al Estado por delante, y España, que tuvo que acabar pidiendo dinero a Europa por ese flanco. En la Unión, en fin, apenas se conocen bancarrotas en medio del peor huracán financiero en tres generaciones. Los ministros de Finanzas persiguen la próxima semana dar soluciones a esa cuestión: quieren dejar que los bancos quiebren sin que los contribuyentes paguen todos los platos rotos.
Para ello, cuando un banco necesite dinero público primero pagarán sus accionistas y acreedores; solo después se le inyectará dinero del contribuyente nacional, y en última instancia europeo. El diablo está en los detalles y hay mucho que discutir, pero ese es el principio general que parece inamovible, y que —grosso modo— ya se aplicó en el rescate español.
Sus defensores apuntan que la unión bancaria ya aporta un cambio fundamental: otorga la supervisión financiera al BCE para evitar relaciones incestuosas como la del Banco de España y las cajas de ahorros. “Ese es un gran avance: el BCE supervisará a los 130 mayores bancos y a cualquier entidad pequeña que tenga problemas. De esa manera se evitará la tolerancia que han mostrado los bancos centrales nacionales en tantas y tantas crisis bancarias”, sostiene Xavier Vives, del IESE.
Y para eso Fráncfort ya ha comenzado a examinar con lupa a los bancos. El BCE se la juega: un examen demasiado duro podría devolver a Europa a su peor pesadilla, pero una prueba blanda pondría en peligro sus galones. Pero el Eurobanco ya no depende de sí mismo. Porque ese peldaño de la supervisión, que podría no parecer gran cosa a primera vista, implica necesariamente nuevos y decisivos avances: para que el BCE pueda limpiar los bancos de una vez por todas, la UE debe acordar una autoridad de resolución y un fondo de liquidación. Si Fráncfort detecta agujeros, debe haber alguien al mando con capacidad ejecutiva para cerrar un banco en un fin de semana y con dinero fresco para evitar líos si vienen curvas, que vendrán. Europa ha decretado que la banca debe pagar parte de la factura, pero el BCE quiere asegurarse de que haya respaldo público disponible a muy corto plazo en caso de problemas graves. Más adelante habrá que activar un fondo de garantía de depósitos común. “De la ambición de todo ese entramado, muy condicionada por el liderazgo de una Alemania muy reticente a mutualizar riesgos, depende la credibilidad del proyecto”, añade Vives.
En una demostración más de autoridad, Berlín ha reunido en los últimos días hasta en dos ocasiones a los ministros de Francia, Italia, España y Holanda para asegurarse de que esta semana salga adelante una propuesta. Eso no es seguro, y el tiempo apremia: los jefes de Estado y de Gobierno —en la cumbre que arranca el jueves— deben aprobar el proyecto de mecanismo de resolución de bancos y el fondo asociado para que el Europarlamento pueda abordarlo antes de las próximas elecciones.
Pese a las dudas, uno de los ministros presentes en esas dos reuniones asegura que “el acuerdo es seguro”. Y que “también Berlín cede”. “La institución que apruebe el botón para liquidar un banco no va a ser la Comisión, porque esa medida tiene consecuencias fiscales; la toma de decisiones será intergubernamental, con mayorías cualificadas para evitar vetos. La Comisión podrá decir qué le parece y si hay discrepancias, finalmente será el Consejo quien decida”, describe. En cuanto a los fondos, la misma fuente apunta que habrá “un sistema de fondos de resolución nacionales que se nutra con las aportaciones de los bancos; pero a diferencia de lo que quería Berlín, en un plazo de 10 años sí habrá un fondo europeo, utilizable a partir del tercer año, al que se pueda acudir una vez se agote el dinero del fondo nacional”. El importe de ese fondo será de 55.000 millones en 2025; al menos durante los primeros años el Mecanismo de rescate europeo (el Mede) podrá usarse como financiación puente. En suma, se trata de una mutualización muy limitada —y no con el dinero de los contribuyentes, sino solo con el que aportan los bancos— y según los expertos del todo insuficiente si alguna gran entidad corre peligro.
“Esto es todo lo que se puede hacer ahora”, resumen en un inusual ejercicio de realismo una alta fuente del Eurogrupo. Para los expertos hay nubes y claros: “Al menos al principio ese sistema es más propio de una confederación que de una unión bancaria, pero puede funcionar”, apunta Daniel Gros, del CEPS. Para Jacob Kirkegaard, del Peterson Institute, “la clave en el corto plazo son los exámenes del BCE; eso por sí solo tiene potencial para cambiar el paso de la banca. En cuanto al resto del proyecto, va bien encaminado a largo plazo: si se obliga a pagar lo suficiente a accionistas y bonistas no es necesario un bazuca monumental. Y si hay problemas en un gran banco —del tamaño de BNP, Deutsche Bank o Santander— hay que ser realistas: eso no puede abordarse con el piloto automático y haría falta un acuerdo político para abordar la posible solución, como en EE UU en 2008”.
Tanto Kirkegaard como Véron y Jordi Gual, economista jefe de La Caixa, coinciden en que es complicado pedir por esa puerta de atrás la mutualización de riesgos. “El lío que hay montado es consecuencia de la falta de una unión fiscal y un Tesoro en Europa. Mientras eso no esté en marcha y haya en juego dinero de los contribuyentes, es lógico que cada país pague primero por sus bancos. Y en el corto plazo la unión bancaria puede ser capaz de lidiar con la radioactividad que pueda surgir de las pruebas de estrés del BCE”, resume Kirkegaard. “Tal vez no sea el proyecto de acero querríamos, pero tampoco es de paja: es una unión bancaria sólida, de madera”, dice Gual.
Hay voces más críticas. Emilio Ontiveros sostiene que Alemania “gana por tierra, mar y aire” con el diseño actual, y que tres años después del inicio de la crisis el proyecto nace extremadamente condicionado por las tesis de Berlín, “que insiste en esconder sus cajas y en evitar cualquier tipo de mutualización”. “Es mejor que nada, pero se trata de un engendro al que Europa está destinando todas sus fuerzas en lugar de discutir por los eurobonos”, dispara una fuente próxima al FMI. “¿Puede haber unión bancaria sin dique de contención para el cierre de bancos y sin fondo de garantía? No. ¿Y sin un fondo común de resolución? Tampoco. Eso supondría algún tipo de mutualización, pero los políticos alemanes no tienen precisamente ese mandato por parte de sus votantes. En esas circunstancias, lo máximo que podemos tener es una unión bancaria light, que funcionará en tiempos normales pero no en tiempos de crisis”, cierra Tom Mayer, del mismísimo Deutsche Bank.
Frente a los optimistas, convencidos de que, esta vez sí, Angela Merkel estaba dispuesta a aceptar las peticiones de una unificación bancaria dirigida por los organismos e instituciones comunitarias, Alemania ha encauzado el proceso político y el trámite negociador de la unión bancaria por donde suele, es decir, en un trámite largo, espinoso, con poderes mínimos para la Comisión, facultades decisivas para los ministros de los países miembros (donde gana Alemania por goleada) y un fondo de rescate bancario que existirá, sin duda, pero a largo plazo, y siempre como artefacto subsidiario de los fondos nacionales, que son los que tendrán que sufragar las crisis bancarias. No obstante, no conviene olvidar que la mera existencia de un acuerdo sobre Unión Bancaria ya presupone un avance importante, puesto que aun con una dilatada e interesada tramitación, existe la certeza de que dicha unión se llevará a cabo.
Al final del proceso, la seguridad financiera europea habrá aumentado sin duda. Pero hasta entonces el camino va a ser difícil y tortuoso. Por lo que parece desprenderse de la pasada reunión de los ministros de Economía comunitarios del 12 de diciembre, la liquidación de un banco de la eurozona en quiebra será competencia de un consejo de nueva creación formado por representantes de los Gobiernos y con la Comisión en el papel de observador. Es cierto que tendrá que dar su aprobación final a lo que manifieste el Consejo, pero los precedentes y la mecánica política conocida nos indican que será muy difícil torcer una decisión consensuada previamente por los Gobiernos. La idea era permitir que la quiebra o cierre de un banco fuese un trámite rápido para evitar efectos secundarios y muy graves en los mercados; ya está descartada. En cuanto al fondo común destinado a pagar las crisis bancarias, Alemania ha conseguido demorarlo hasta 2026. Mientras tanto, que cada país pague los vidrios rotos de sus bancos.
La unión bancaria ha entrado, pues, en la vía lenta. No es el mensaje óptimo, pero al menos se ha conseguido un modelo de resolución de crisis bancarias que puede perfeccionarse con el tiempo. La unión bancaria es una pieza importante para sostener y acrecentar la identidad europea. A su vez, consta de tres piezas insustituibles: un supervisor europeo, un fondo de garantía de depósitos y un mecanismo de resolución de riesgos y contingencias bancarias. Pues bien, Alemania, interesada por otra parte en mantener incólume la zona euro, niega la confianza a las instituciones comunitarias; ni dinero ni poder. Un observador neutral diría, con razón, que la desconfianza alemana es un error. Los flujos internacionales de inversión no pueden trasladarse hacia áreas económicas sujetas a la sospecha de que o bien incumplen condiciones macroeconómicas o no tienen el respaldo suficiente del área en su conjunto. La mutualización del riesgo bancario es tan ineludible como la mutualización de la deuda. Sin ambas no habrá una Europa política. Pero, parodiando a los alquimistas, resulta que Alemania tiene horror al vacío; entendiendo por vacío en este caso cualquier organismo, estructura o función en la que Alemania no tenga un poder de decisión irrestricto.
Por su parte, en España el Gobierno trata de prevenir la próxima crisis financiera. Sin haber superado aún del todo el rescate europeo para recapitalizar la banca, España prepara una nueva legislación financiera que da muchos más poderes al Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El gobernador, Luis Linde, contará con un arsenal de normas para evitar que se repitan algunos de los escándalos que han acompañado la caída de las cajas de ahorros. Tendrá más poderes de supervisión, pero además podrá poner multas de hasta 5 millones a los banqueros, evitar que se lleven jugosas indemnizaciones quienes han hundido a las entidades y
exigir que los directivos devuelvan bonus inmerecidos. En paralelo,
la CNMV contará también con nuevas normaspara combatir la especulación ilegal mediante ventas en corto y seguros de impago de deuda (CDS).
La reforma incorpora la nueva normativa europea en la materia y refunde en un único texto las principales normas de ordenación y disciplina de entidades de crédito. La norma fija la nueva regulación de los poderes y facultades del Banco de España para intervenir en la actividad de la entidad en caso de incumplimiento de la normativa de solvencia o liquidez o “resulte razonablemente previsible” que vaya a incumplir en 12 meses. En esos casos,
podrá realizar exigencias mayores de capital, provisiones o restringir el reparto de dividendos, entre otras medidas. O, si la situación fuera de excepcional gravedad, con la intervención de la entidad y la sustitución de sus órganos de gobierno.
Todo ello estará incluido
en el texto del Anteproyecto de Ley de supervisión y solvencia de entidades de crédito, que fue analizado el pasado viernes por el Consejo de Ministros y al que ha tenido acceso EL PAÍS. El Gobierno adelantó mediante un decreto ley algunas de las medidas más urgentes, pero las 158 páginas del texto legal en trámite vienen cargadas de novedades y constituyen las reglas del juego de la supervisión bancaria para el futuro.
El texto endurece notablemente los poderes sancionadores del Banco de España, multiplicando por 10 la cuantía máxima de las multas. Las sanciones que se pueden imponer a los banqueros por las infracciones muy graves pasan de 500.000 euros a 5 millones; las de infracciones graves, de 250.000 a 2.500.000 euros, y se fija en 500.000 euros el tope para las multas por las leves. Los escándalos de mala gestión en entidades como CCM, Cajasur o la CAM (a falta de procedimientos penales en curso), se han saldado con multas ridículas en comparación con el daño causado. Hay una lista de la a a la z, más amplia que en la actual ley, de infracciones muy graves, entre ellas, incumplir las obligaciones de solvencia, irregularidades importantes en la contabilidad, falta de auditoría, resistencia a la inspección, desobediencia al Banco de España, falta de información, compra de una participación significativa en un banco sin autorización y otros actos fraudulentos.
También cambia el régimen sancionador para las propias entidades. La multa podrá ser la mayor de las siguientes: “de hasta el quíntuplo del importe de los beneficios derivados de la infracción, cuando dichos beneficios puedan cuantificarse”, “de hasta el 10% del volumen de negocios neto anual total, incluidos los ingresos brutos procedentes de intereses a percibir e ingresos asimilados, los rendimientos de acciones y otros valores de renta fija o variable y las comisiones o corretajes a cobrar que haya realizado la entidad en el ejercicio anterior” o “de hasta 10.000.000 de euros”. Con la ley aún en vigor, las sanciones por infracciones muy graves son de hasta el 1% de los recursos propios o hasta un millón. Para infracciones graves se pasa del 0,5% de los recursos propios o hasta 500.000 euros al 5% de los ingresos, 5 millones o el triple del beneficio logrado con la infracción. Y en las leves, el tope pasa de 150.000 euros al mayor de los siguientes: el doble del beneficio ilícito, un millón de euros o el 1% del volumen de negocios.
Pero el Banco de España no solo podrá poner mayores multas, sino que también tendrá un control más estricto de las remuneraciones. La ley consagra los topes adelantados en el decreto ley del viernes (un bonus máximo del 100% de la paga fija o del 200% si lo aprueban los accionistas por mayoría de al menos dos tercios), pero incluye muchas otras novedades.
Entre las más relevantes está que podrá poner coto a los blindajes de los banqueros. Linde podrá evitar casos como el de las altas indemnizaciones que se han llevado algunos gestores que han hundido las cajas de ahorros (el caso de las gallegas ha sido el más escandaloso). “Los pagos por rescisión anticipada de un contrato se basarán en los resultados obtenidos en el transcurso del tiempo y no recompensarán malos resultados o conductas indebidas. El Banco de España podrá definir los supuestos que puedan conducir a una reducción de la cuantía de los citados pagos por rescisión anticipada”, dice la redacción del anteproyecto.
Además, se consagra la figura del clawback o recuperación de bonus pagados a directivos de bancos que luego tengan problemas. “La remuneración variable total se reducirá de forma considerable cuando la entidad obtenga unos resultados financieros mediocres o negativos, teniendo en cuenta tanto la remuneración actual como las reducciones en los pagos de cantidades previamente devengadas. En este último supuesto, dicha reducción se realizará a través de mecanismos de reducción de la remuneración o de recuperación de retribuciones ya satisfechas”, dice la ley, que precisa que “hasta el cien por cien de la remuneración variable total estará sometida a cláusulas de reducción de la remuneración o de recuperación de las remuneraciones ya satisfechas”. Entre los criterios a aplicar para la recuperación deberán estar “situaciones en las que el empleado haya participado o sea responsable de conductas que hubieran generado importantes pérdidas para la entidad”.
Opinión de Joseph E. Stiglitz, premio Nobel de Economía, es profesor distinguido en la Universidad de Columbia. © Project Syndicate, 2013. (Traducido del inglés por Rocío L. Barrientos):
Han pasado tres años desde el estallido de la crisis del euro y solamente un optimista empedernido diría que la peor parte ha terminado de manera definitiva. Algunos, al señalar que la recesión de doble caída de la eurozona terminó, llegan a la conclusión de que la austeridad como medicina ha funcionado. Pero trate de decirles esto a los de los países que aún se encuentran atravesando por una depresión, con un PIB per capitaque continúa por debajo de los niveles previos al año 2008, tasas de desempleo por encima del 20% y un desempleo juvenil superior al 50%. Al ritmo actual de “recuperación” no se puede esperar ningún tipo de retorno a la normalidad hasta bien entrada la próxima década.
Un reciente estudio realizado por economistas de la Reserva Federal llegó a la conclusión de que el alto y prolongado desempleo en Estados Unidos tendrá serios efectos adversos en el crecimiento del PIB durante los próximos años. Si esto es cierto con relación a Estados Unidos, donde el desempleo se encuentra en un nivel que es 40% menor al de Europa, las perspectivas de crecimiento en Europa se muestran realmente sombrías.
Lo que se necesita, sobre todo, es una reforma fundamental en la estructura de la eurozona. A estas alturas ya se logró concebir una idea bastante clara de lo que se requiere para ello:
Una unión bancaria real, con una supervisión común, un seguro de depósitos común y un mecanismo de toma de decisiones común; sin todo esto, el dinero seguirá fluyendo desde los países más débiles hacia los más fuertes.
Algún tipo de mutualización de la deuda, como por ejemplo los eurobonos: al tener una ratio de deuda / PIB europeo menor al de EE UU, la eurozona podría prestarse a tasas de interés reales negativas, tal como lo hace EE UU. Las tasas de interés más bajas podrían liberar dinero para estimular la economía, rompiendo el círculo vicioso en el que se encuentran los países afectados por la crisis, mediante el cual la austeridad aumenta la carga de la deuda, haciendo que la deuda sea menos sostenible, ya que el PIB se contrae.
Políticas industriales que permitan que los países rezagados se pongan al mismo nivel que los otros; esto implica revisar las estructuras actuales, que prohíben tales políticas por considerarlas como intervenciones inaceptables en los mercados libres.
Un banco central que se centre no solamente en la inflación, sino que también centre su atención en el crecimiento, el empleo y la estabilidad financiera.
Sustitución de las políticas de austeridad que van en contra del crecimiento con políticas que favorezcan el crecimiento y que se centren en llevar a cabo inversiones en personas, tecnología e infraestructura.
Gran parte del diseño del euro refleja las doctrinas económicas neoliberales que prevalecían en el momento en el que se concibió la moneda única. Se pensaba que era necesario mantener una baja inflación y que ello sería casi suficiente para lograr crecimiento y estabilidad; que hacer que los bancos centrales fueran independientes era la única manera de garantizar la confianza en el sistema monetario; que niveles de deuda y de déficits bajos garantizarían la convergencia económica entre los países miembros, y que un mercado único, con un flujo libre de personas y dinero, garantizaría la eficiencia y la estabilidad.
Cada una de estas doctrinas ha demostrado ser errónea. Los bancos centrales independientes, tanto en Europa como en Estados Unidos, se desempeñaron mucho más deficientemente en el periodo previo a la crisis que los bancos menos independientes que se encuentran en algunos mercados emergentes líderes; esto ocurrió debido a que estas instituciones, por concentrarse en la inflación, distrajeron su atención del problema de la fragilidad financiera, que de lejos revestía mucha mayor importancia.
Del mismo modo, España e Irlanda tenían superávits fiscales y bajas ratios de deuda / PIB antes de la crisis. La crisis fue la que causó los déficits y la deuda elevada, y no al revés, y las restricciones fiscales que Europa ha acordado ni van a facilitar una rápida recuperación de esta crisis, ni van a evitar la siguiente.
Por último, la libre circulación de personas, al igual que el libre flujo de dinero, parecía tener sentido; los factores de la producción se dirigirían hacia donde sus rendimientos fuesen más altos. Pero la migración desde los países afectados por la crisis, que en parte se produjo para evitar el repago de las deudas heredadas (algunas de los cuales fueron impuestas a estos países por el Banco Central Europeo, entidad que insistió en la socialización de las pérdidas privadas), ha ido socavando las economías más débiles. Dicha migración también puede derivar en una asignación incorrecta de la mano de obra.
Una devaluación interna —es decir, una rebaja de los salarios y de los precios internos— no es una medida sustitutiva de la flexibilidad del tipo de cambio. De hecho, existe una creciente preocupación con respecto a la deflación, la misma que aumenta el apalancamiento y la carga de los niveles de deuda, que de partida ya son demasiado altos. Si una devaluación interna fuese un buen sustituto, el patrón oro no habría sido un problema en la Gran Depresión, y Argentina habría podido manejar la paridad del peso frente al dólar cuando su crisis de la deuda estalló hace una década.
Ningún país ha restaurado la prosperidad a través de la austeridad. Históricamente, algunos países pequeños tuvieron la suerte de que las exportaciones llenaran la brecha en la demanda agregada a medida que el gasto público se contraía, permitiéndoles esto evitar los efectos depresivos de la austeridad. Pero las exportaciones europeas apenas han aumentado desde el año 2008 (a pesar de la disminución de los salarios en algunos países, en particular en Grecia e Italia). Con un crecimiento global tan moderado, las exportaciones no conducirán hacia la restauración de la prosperidad en Europa y Estados Unidos en el futuro cercano.
Alemania y algunos de los otros países del norte de Europa, haciendo gala de una falta indecorosa de solidaridad europea, han declarado que no se les debe pedir pagar la factura de sus derrochadores vecinos del sur europeo. Esto es erróneo por varias razones. Para empezar, las tasas de interés más bajas que se alcanzan como resultado de los eurobonos o de algún mecanismo similar harían que el peso de la deuda sea manejable. Se debe recordar que Estados Unidos emergió de la Segunda Guerra Mundial con una carga muy alta de deuda y, no obstante aquello, los años subsiguientes estuvieron marcados por el crecimiento más rápido que ese país tuvo a lo largo de toda su historia.
Si la eurozona adopta el programa que se esquematizó líneas arriba, no debería haber la necesidad de que Alemania pague ninguna factura. Sin embargo, bajo las políticas perversas que Europa ha adoptado se ha implementado una serie de reestructuraciones de deuda, una tras la otra. Si Alemania y otros países del norte de Europa continúan insistiendo en la consecución de sus políticas actuales, ellos, junto con sus vecinos del sur, van a terminar pagando un precio muy alto.
Se suponía que el euro iba a traer crecimiento, prosperidad y un sentido de unidad a Europa. En cambio, trajo estancamiento, inestabilidad y una tendencia hacia la división.
Esto no tiene por qué ser así. El euro puede salvarse, pero se necesitará más que refinados discursos afirmando que existe un compromiso con Europa. Si Alemania y otros países no están dispuestos a hacer lo que fuese necesario —es decir, si no existe la suficiente solidaridad para lograr que las políticas funcionen—, puede que se tenga que abandonar al euro en aras de salvar el proyecto europeo.
Texto extraído de El País, edición 15 de diciembre de 2013.
Actividad:
- Lectura
- Implicaciones de la Unión Bancaria y papel del Banco de España en el entramado del sistema financiero español y europeo
